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Acercamiento al papel del graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en un Ayuntamiento 2 April 2018

Acercamiento al papel del graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en un Ayuntamiento

ACERCAMIENTO AL PAPEL DEL GRADUADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS EN UN AYUNTAMIENTO


Paloma Gil-Olarte Márquez

Departamento de Psicología 

Universidad de Cádiz


José María Ortega Jaén, Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), comenzó su trayectoria profesional como Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Chipiona en 2004. Desde 2006 ocupa el puesto de Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto Santa María.

Nuestro entrevistado concibe la función pública ejercida en un Ayuntamiento, desde la opción del servicio público, considerando que el ciudadano debe ser el centro y fin del trabajo que se desempeña en la Administración. Sus ámbitos principales de actuación son los tributos locales, la planificación y gestión financiera y presupuestaria, así como la recaudación. Todo ello tratando de dedicar toda la inteligencia (clásica y emocional) a mejorar la Administración Pública.

Hoy nos acerca al papel del graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la organización y funcionamiento de las administraciones locales.

Paloma Gil-Olarte: ¿Qué puede aportar un graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en un Ayuntamiento?

José María Ortega: Un Ayuntamiento, como cualquier empresa, requiere de diversos profesionales para gestionar sus recursos humanos.

En un nivel más primario, la gestión y elaboración de la nómina mensual requiere de conocimientos en materia laboral, fiscal, de seguridad social, etc. Por desgracia, no es extraño que la elaboración de las nóminas esté en manos de personal no debidamente cualificado, al nivel de administrativos jefes de negociado (grupo C1), que suplen con su experiencia la falta de preparación específica para gestionar de manera eficiente todo lo que representa la elaboración de la nómina mensual.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en un Ayuntamiento, al igual que en muchas Administraciones Públicas, conviven dos tipos de empleados públicos: los sometidos al régimen estatutario de los funcionarios públicos y los empleados vinculados mediante contrato laboral. Hay que conocer estas diferencias, pues si bien en la práctica suelen estar equiparados en materia retributiva, tampoco es raro encontrar diferencias. Además, la regulación de sus condiciones laborales no está en los mismos instrumentos. Así como para los funcionarios rigen los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo, para el personal laboral rigen los convenios colectivos. Si bien durante las negociaciones colectivas se busca la equiparación de ambos instrumentos normativos, el hecho de que haya distintos sindicatos representativos en uno y otro colectivo puede dar lugar a diferencias. No digamos ya incluso dentro de algunos colectivos de funcionarios, como es el caso de los policías locales, que suelen gozar de condiciones específicas atendiendo a la singularidad de sus funciones y a su capacidad de hacer valer sus demandas laborales respecto del resto de empleados públicos.

P.G-O: Pero hasta ahora hemos hablado desde un punto de vista un tanto normativo o legal ¿Qué hay de las relaciones humanas, de la gestión de los recursos humanos?

JM.O: Aquí hay todo un campo por cubrir. La gestión eficiente de los recursos humanos, la promoción y el desarrollo de las carreras profesionales, la formación pertinente para los puestos de trabajo que hay que desempeñar, etc. adolece en muchos casos de una aproximación que vaya más allá de la perspectiva legal o, si se me permite, de “cubrir el expediente”.

En la mayoría de los Ayuntamientos no existe una verdadera valoración de sus puestos de trabajo realizada bajo premisas objetivas, ni un análisis de las funciones que caracterizan a cada puesto. No hay por tanto estudios serios sobre cómo puede evolucionar la organización, la preparación de su personal para los retos a corto, medio y largo plazo que tienen que afrontar, etc.

Además, los últimos años de crisis económica han tenido como consecuencia que los Ayuntamientos tuvieron que recurrir a préstamos facilitados por el Estado para hacer frente a sus deudas con sus acreedores comerciales. Estos préstamos estaban condicionados a la aprobación de planes de ajuste a diez y hasta veinte años, que en muchas ocasiones han incorporado restricciones en la incorporación de personal, e incluso medidas de amortización de las plazas tras la jubilación de sus titulares. Ello lleva a los Ayuntamientos al reto de hacer lo mismo, e incluso más, con menos recursos humanos.

Estos condicionantes representan retos y, por qué no decirlo, oportunidades, para mejorar la organización, hacerla más eficiente, mejor preparada para las demandas de una ciudadanía cada vez más consciente de que paga unos impuestos y que, en contraprestación, exige los correspondientes servicios. Tener profesionales que ayuden en esta tarea sería fundamental para enfocar los esfuerzos de los distintos Ayuntamientos, incorporando en los servicios de personal a técnicos cualificados que, por un lado, sean capaces de planificar las necesidades en medios humanos que tiene la organización, y por otro lado tengan el perfil necesario para impulsar la incorporación en el Ayuntamiento de protocolos y técnicas que mejoren las relaciones entre el personal que tenga que afrontar esta delicada situación.

P.G-O:Entiendo que ello puede dar lugar a conflictos entre los distintos agentes implicados en la gestión de los asuntos municipales.

JM.O: Por supuesto. El Ayuntamiento, como cualquier organización humana, no es ajeno al conflicto entre las personas que lo componen y necesita de expertos en la gestión de conflictos. Estos conflictos pueden producirse en sentido vertical y horizontal, es decir, tanto desde la base hacia los puestos directivos, como entre empleados situados dentro de un mismo nivel.

P.G-O: ¿Y qué papel juegan los políticos en todo este entramado?

JM.O: Es lo que diferencia a los Ayuntamientos (en general a la Administración Local) de las Administraciones territoriales de ámbito superior. Los representantes políticos están muy próximos a la toma de decisiones que afectan de manera directa a los ciudadanos. Esto genera una elevada presión sobre todos los estamentos municipales.

Que se realice una obra en la calle donde uno vive y que eso lo puedan decidir varios vecinos con los que uno se cruza prácticamente todos los días y que se apellidan Alcalde y Concejales, reunidos en una Junta de Gobierno o en un Pleno, da lugar a que el vecino pueda ejercer la suficiente presión directa durante el proceso de toma de decisiones.

Además, el fenómeno de las redes sociales y que algunos representantes políticos estén tan pendientes del impacto que sus decisiones tienen en las mismas da lugar a que esa presión se incremente exponencialmente.

Con independencia de lo anterior, no debemos olvidar que los empleados públicos pertenecen a una organización administrativa con vocación de permanencia, mientras que los representantes políticos están sometidos a exámenes cada cuatro años, que necesariamente les lleva en determinado momento (o durante todo el mandato) a tomar decisiones buscando conseguir su reelección. Esto es fuente inagotable de conflictos entre el nivel político y el nivel funcionarial, por lo que sería ideal que en los Ayuntamientos hubiera personas especialistas en que estos conflictos se gestionen de manera profesional, de forma que las distintas tensiones se reconduzcan en positivo para perseguir el objetivo que debe aunar todos los esfuerzos de la organización: la prestación eficiente de los servicios públicos hacia los ciudadanos que, con sus impuestos, los financian.

 

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